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Desde 2006, el comerciante asturiano Alejandro Fernández ha estado comercializando dispositivos que permiten piratear la Nintendo DS en su tienda de informática en Avilés. El negocio puede salirle muy caro. Los días 6 y 9 de abril del año pasado la policía interceptó en la Aduana de la localidad asturiana 1.400 cartuchos para introducir juegos ilegales llegados desde China a nombre de Fernández. Ahora Nintendo cifra el coste para la empresa en 600 euros por dispositivo (840.000 euros en total) y pide para el acusado 23 años de prisión y una multa de 69.200 euros, una de las mayores penas solicitadas en España por un caso de piratería.

La pasada semana, el Juzgado de Instrucción número 2 de Avilés ordenó la apertura del juicio oral por varios delitos continuados contra la propiedad intelectual y revelación de secretos. El fiscal reduce la pena solicitada a tres años y medio, muy por debajo de lo que pide la acusación particular, que suma a las acusaciones de importación de productos con marca sin autorización y de medios destinados a la supresión de las medidas de seguridad, otros como la copia de diseño industrial o revelación de secretos.

Copia industrial y revelación de secretos

Según Nintendo, la demanda contra Alejandro Fernández trasciende la mera comercialización de productos ilegales y destinados a romper las barreras de seguridad de la videoconsola portátil de la compañía asiática. Los dispositivos importados por Fernández solo son válidos para la Nintendo DS, lo que, según recoge el escrito de la acusación particular, constituye un delito de infracción de diseño industrial ajeno, es decir, que esos cartuchos se basan en el diseño de los originales fabricados por Nintendo.

Su utilización constituye, también, una infracción en el uso de la marca ya que esos dispositivos "contienen información secreta de propiedad de Nintendo incluida a través de un software o código informático". Según denuncia la empresa, las consolas muestran un logo de Nintendo cuando se introduce un juego y también cuando se introduce el dispositivo pirata, lo que constituye un uso fraudulento de la marca registrada.

Por la misma razón, y siempre según la acusación, Fernández puede haber incurrido en un delito de revelación de secreto de empresa. "Al comercializar un dispositivo ilegal DIP el acusado está poniendo a disposición del público general ese software de diálogo con la consola para engañarla, software propiedad de Nintendo, y, lo que es aún peor, revelando al público y/o permitiendo el uso por los mismos de los códigos de autenticación, un valioso secreto de la empresa", recoge el escrito.

El año pasado un juez de Salamanca archivó una causa sobre los cartuchos de Nintendo basándose en las consideraciones del fiscal que sostenía que estos cartuchos, aunque son utilizados para el pirateo de juegos, también pueden tener otras aplicaciones como el almacenamiento de copias de seguridad, funcionalidad que presentaba el vendedor acusado que no promocionaba el producto por otros motivos. El fiscal también se interrogaba sobre el derechos de terceros a crear accesorios para la consola.

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